Vivienda social: de la teoría a la acción

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El Gobierno ha puesto el tema de la vivienda social sobre la mesa. Se espera que la nueva Ley de Vivienda tenga como objetivo «blindar el derecho constitucional del acceso a la misma», para garantizar que todos los ciudadanos disfruten de una residencia digna y evitar una nueva burbuja en el sector del ladrillo.

Las medidas más comentadas son aquellas que buscan regular el precio de los alquileres, pero hay muchas más, como las que impulsan la rehabilitación para fomentar la eficiencia energética o la utilización de viviendas para alquileres sociales.

La vivienda social en España

Factores como el desempleo o la subida de los precios del alquiler han dificultado el acceso a la vivienda a parte de la población española. Una solución para hacer frente a este problema es el impulso a las viviendas sociales: inmuebles propiedad del Estado que se alquilan a precios asequibles a personas con escasos recursos.

En España empezaron a crearse en 1911 con la ‘Ley de las casas baratas’, que se mantuvo durante casi 20 años. El fenómeno volvió a tomar importancia a partir de los años 50. De hecho, según el estudio ‘El parque público y protegido de viviendas en España, un análisis desde el contexto europeo’, entre 1957 y 1989 se terminaban más de 100.000 viviendas de protección oficial cada año.

Sin embargo, en 2018 los titulares alertaban: la construcción de estas viviendas había caído hasta los niveles de los años 50, a pesar de que había más de 400.000 solicitantes y más de un millón y medio de personas cuyos ingresos no les permitían acceder a las viviendas del mercado libre. En todo el año, se construyeron alrededor de 3.500 casas. Diez años antes, en 2008, se entregaron las llaves de 63.292.

Nuevas políticas de alquiler de vivienda social

“El derecho a acceder a una vivienda digna se ha puesto en cuestión en la práctica en nuestro país en los últimos años, especialmente a raíz de la crisis, y a una mala planificación política en materia de vivienda, dando lugar a una situación en la que muchas personas se vieron desahuciadas de sus viviendas”, se puede leer en el acuerdo ‘Coalición progresista: un nuevo acuerdo para España’, que resume las propuestas comunes de PSOE y Unidas Podemos para esta legislatura.

El nuevo Ejecutivo prevé impulsar las políticas de vivienda con un incremento en la dotación de recursos. En lo referente a la vivienda social, el programa de gobierno reorienta el ‘Plan Estatal de Vivienda 2018-2021’ para impulsar el alquiler asequible. El primer paso, indican, es determinar el carácter social de las viviendas de protección pública, para garantizar que se alquilen a personas vulnerables.

En la hoja de ruta para lograr este objetivo está también la elaboración de un plan de actuación con Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que permitan la utilización de viviendas para alquileres sociales. Unos convenios que, por otra parte, han sido impulsados por la compañía desde su creación en 2012 y que ya han permitido la cesión temporal de pisos a 11 consistorios y a 12 regiones.

Viviendas para situaciones excepcionales

En la mayoría de los casos estas viviendas son utilizadas por las administraciones públicas para garantizar alquileres asequibles a personas que se encuentran en riesgo de exclusión. Sin embargo, las casas cedidas por Sareb han tenido también otros usos. Por ejemplo, la compañía puso un total de 45 viviendas a disposición de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Almoradí en septiembre de 2019, para acoger a las familias afectadas por la tormenta DANA.

La actividad social desarrollada por la compañía en sus casi siete años de vida le ha permitido ceder temporalmente alrededor de 2.500 inmuebles, de los que podrían beneficiarse unas 6.000 personas.

El País Vasco abre camino a las CCAA que optan por comprar

Al margen de la cesión, Sareb cerró en 2019 la venta de dos viviendas para fines sociales con el Ayuntamiento de Badalona. Se trataba de la primera vez que una administración local incorporaba a su parte viviendas de Sareb de cuyo usufructo ya disfrutaba.

También hay comunidades autónomas que optan por la compra de inmuebles en lugar de disponer de ellos de forma temporal. Es el caso del País Vasco, que se ha convertido en la primera comunidad que firma una operación de venta de viviendas de Sareb. En concreto, se trata de un acuerdo alcanzado con la agencia pública de alquiler del Gobierno Vasco (Alokabide) para la venta de nueve inmuebles cuyo usufructo había sido cedido temporalmente para alquiler social asequible.

Esta adquisición del Gobierno Vasco se enmarca dentro de una estrategia más amplia que le ha llevado a hacerse con 506 pisos dedicando una inversión total de unos 50 millones de euros.

Los esfuerzos del País Vasco por impulsar el derecho a la vivienda y apostar por los pisos protegidos son significativos e importantes en una comunidad que cuenta con algunas de las ciudades con los alquileres más altos de España, como Bilbao o San Sebastián.

Más puntos positivos

Otras comunidades que mantienen en vigor con Sareb convenios de cesión temporal de vivienda para fines sociales y han mostrado interés por adquirirlas son Galicia y Castilla y León, una región que afronta graves problemas de despoblación.

El impulso que el nuevo gobierno quiere dar a la vivienda puede tener un impacto positivo, también, en la actividad del sector privado, gracias a la movilización de recursos públicos y las ayudas para promoción y rehabilitación de viviendas.

Las medidas suponen, hoy en día, una apuesta por sanear el mercado del alquiler. Y, para miles de familias, una oportunidad para mejorar su situación económica y personal.

Imágenes | RomanBabakin, Unsplash/Raul Petri, Unsplash/Jochen Raat

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